La entrada en vigor de la esperada Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez ha ido incorporando, de manera paulatina, un nuevo enfoque para entender, regular y promover el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, además de destinar los recursos necesarios para estos fines. Estos recursos se han enfocado en promover programas, asistencia y apoyo integral y adecuado a las familias, además de generar las condiciones sociales para que padres, madres y cuidadores puedan desempeñar de la mejor manera posible las labores de crianza del niño, niña o adolescente.

Para este fin han comenzado a operar en distintas localidades del país las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), que podrán aplicar medidas como la derivación a programas ambulatorios de protección social, de orientación y apoyo para el cuidado y la crianza. El personal que se incorpore a las OLN deberá realizar un proceso formativo inicial de, al menos, 40 horas pedagógicas, gestionado por la Subsecretaría de la Niñez.

Diversas investigaciones han demostrado que la capacitación de profesionales en metodologías de apoyo para la crianza –como las del Programa de Parentalidad Positiva Triple P– genera alta satisfacción y aumento de la autoeficacia de los facilitadores, quienes entregan este servicio a las familias, independiente del país o de la metodología aplicada. Los profesionales certificados en los distintos niveles de Triple P adquieren los conocimientos y habilidades de un programa basado en evidencia, con más de 40 años de experiencia, adquirida en los más de 30 países en los que se implementa.

Sin embargo, para que un programa de esta envergadura sea exitoso, también es necesario acompañar a las organizaciones en la implementación, entregando herramientas que aseguren la calidad y continuidad del servicio, consolidando equipos preparados para este importante desafío.

Con la actual discusión de la Ley de Presupuesto 2025, se contempla la implementación de las 65 nuevas Oficinas Locales de la Niñez para el 2025, y la continuidad de las 280 existentes, con una cobertura proyectada de atención de 4.468.264 niños, niñas y adolescentes, medidas que demuestran una voluntad política para continuar promoviendo programas que apoyen a las familias en los diversos desafíos de la crianza.